Ya llegó a la Legislatura.
En Mendoza, un nuevo proyecto de ley busca cambiar los criterios con los que se dicta la prisión preventiva en causas por abuso sexual y violencia de género. La propuesta plantea que esta medida solo pueda aplicarse cuando existan pruebas concretas, objetivas y científicas que respalden la denuncia.
La iniciativa nace de reclamos de familias y organizaciones que denuncian detenciones arbitrarias. Señalan que, en los últimos años, hubo casos en los que la prisión preventiva se aplicó sin evidencia suficiente, lo que generó graves consecuencias personales y familiares para los acusados.
Según quienes impulsan el proyecto, en la práctica estas detenciones se dictan de manera casi automática y sin elementos firmes. Hoy, una persona puede ser privada de la libertad hasta 48 horas luego de una denuncia. Si en ese período la Justicia encuentra indicios que la vinculen al hecho, se formaliza la imputación. Luego, el acusado puede continuar detenido hasta diez días más, mientras se decide si corresponde mantener la prisión preventiva.
En el plano político, el diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) expresó su apoyo y explicó los fundamentos de la propuesta: “Queremos que existan pruebas objetivas antes de ordenar una detención en este tipo de causas. Muchas veces, después de meses o incluso años, las personas terminan sobreseídas por falta de pruebas, pero ya cargan con consecuencias irreparables. Creo que, en algunos casos, aplicar todo con perspectiva de género ha llevado a ciertos operadores y magistrados a alejarse de la perspectiva de justicia, que debe mantener el equilibrio”.
En el ámbito jurídico, el abogado Santiago Nieto, referente de la Asociación Verdad y Justicia, insistió en que toda medida restrictiva de la libertad debe sustentarse en evidencia verificable: “El objetivo es dejar atrás la idea de que basta con el relato para avanzar. Para dictar una prisión preventiva se necesitan pruebas objetivas y científicas: mensajes, ADN, informes del cuerpo médico forense o cualquier indicio comprobable de agresión. En contextos de separaciones conflictivas, hasta un 40% de las denuncias resultan falsas”, afirmó.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación Verdad y Justicia, integrada por familias que aseguran haber atravesado situaciones similares. Una de sus fundadoras, Graciela Madaf, recordó cómo surgió el colectivo: “Formé esta asociación junto a Nancy Andrés Túnez, después de encontrarnos en la fila de la cárcel de San Felipe, donde estaban nuestros hijos detenidos por una falsa denuncia. Pasaron tres años y 14 días presos hasta que llegó el juicio y fueron absueltos. Pero nadie les devuelve ese tiempo”.
