El fallo judicial impone una sanción económica ejemplificadora tras los daños ocasionados al sistema de videovigilancia municipal. El responsable fue identificado mediante las propias grabaciones del Centro de Monitoreo y deberá costear la reparación integral de los equipos tecnológicos dañados.
La Justicia de Mendoza condenó a un joven a pagar una suma millonaria en concepto de reparación de daños tras haber vandalizado cámaras de seguridad ubicadas en una plaza pública del departamento de Tunuyán. El fallo, conocido este viernes 8 de mayo de 2026, establece que el condenado deberá abonar el costo total de la reposición de los dispositivos, el cableado y los gastos operativos derivados de la caída del servicio de vigilancia durante el periodo que los equipos permanecieron fuera de funcionamiento. Esta sentencia es recibida por la Municipalidad como un precedente fundamental para desincentivar los ataques contra el mobiliario urbano y la tecnología destinada a la seguridad ciudadana en el Valle de Uco.
Identificación y proceso judicial del responsable
El hecho ocurrió en junio de 2025 cuando el joven, cuya identidad fue reservada por las autoridades, atacó deliberadamente los domos de seguridad instalados en el espacio verde, buscando anular la visión de las cámaras para evitar ser captado cometiendo otras contravenciones. Sin embargo, el sistema de respaldo del Centro de Monitoreo de Tunuyán logró registrar la secuencia del ataque y el rostro del agresor antes de que los equipos quedaran inoperativos. Con ese material probatorio, la asesoría letrada del municipio inició una demanda civil que culminó con la resolución actual, donde se determinó que la responsabilidad patrimonial recae directamente sobre el atacante, quien ahora enfrenta una deuda que asciende a varios millones de pesos debido al alto valor de mercado de la tecnología de vigilancia actual.
Impacto en las arcas municipales y el mensaje a la comunidad
Desde la gestión municipal destacaron que esta indemnización permitirá reponer los insumos sin afectar el presupuesto corriente destinado a otras áreas de servicio. Además, remarcaron que el mantenimiento de las plazas y paseos públicos es una responsabilidad compartida, y que el vandalismo contra sistemas de seguridad pone en riesgo la integridad de todos los vecinos al generar «puntos ciegos» en la prevención del delito. Con este fallo, la justicia envía un mensaje claro hacia el resto de la población sobre las consecuencias legales y económicas de atentar contra el patrimonio público en un contexto donde los costos de la tecnología de punta representan una carga significativa para el erario estatal.
