En la fuerza, le dieron de baja.
El Gobierno de Mendoza resolvió no confirmar en su cargo a un aspirante a la Policía provincial que había manifestado sentirse sobrepasado por el trabajo y había devuelto voluntariamente su arma reglamentaria.
El efectivo había sido designado como auxiliar policial en septiembre de 2023.
De acuerdo a lo que se establece en el Decreto 1503, el propio efectivo hizo entrega del arma y el chaleco antibalas aludiendo un cuadro de estrés, lo cual motivó la intervención de Capital Humano y del equipo técnico encargado de evaluar su desempeño durante el año de prueba. Aunque no registraba sanciones disciplinarias ni sumarios, los informes concluyeron que no había demostrado los niveles de adaptación y subordinación requeridos.
El Ministerio de Seguridad indicó que la decisión se encuadra en lo dispuesto por la Ley 6.722, que establece un período de 12 meses de evaluación antes de la confirmación definitiva en el cargo. La norma contempla que el personal debe demostrar idoneidad y aptitud, condiciones que en este caso no fueron alcanzadas.
La medida implica la desafectación del agente de la fuerza policial y la habilitación de plazos legales para interponer eventuales recursos administrativos. El Gobierno remarcó que busca garantizar estándares mínimos de calidad y compromiso en la incorporación de nuevos efectivos al sistema de seguridad.