Además, se deberá eliminar del reglamento vendimial la exigencia de ser soltera, sin conviviente y sin hijos.
La Justicia civil ordenó que la Municipalidad de Tunuyán indemnice con más de $12 millones a Yamila Estefanía Escudero, exreina distrital que en 2014 fue excluida de la fiesta de su distrito por estar embarazada. El fallo incluye una compensación por daño moral y la obligación de modificar el reglamento vendimial para eliminar requisitos discriminatorios vinculados al estado civil y la maternidad de las candidatas.
El Tercer Tribunal de Gestión Asociada determinó que Escudero, entonces de 18 años y cursando el octavo mes de embarazo, fue impedida de participar en los festejos distritales a pesar de haber sido coronada el año anterior.
La sentencia concluye que las autoridades municipales actuaron de forma arbitraria y discriminatoria, vulnerando su dignidad y los derechos garantizados por la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El tribunal destacó que la exclusión carecía de sustento normativo, ya que el reglamento solo prohibía tener hijos, pero no contemplaba el embarazo como causal de restricción. Por ello, la conducta municipal fue calificada como injustificada, ilegítima y discriminatoria.
Escudero, por su parte, señaló que la situación no solo afectó su derecho a participar de la celebración, sino que también provocó un fuerte impacto emocional en ella y su familia, generándole depresión y preocupación durante el embarazo.
Si bien la demanda inicial reclamaba $50.000, la Justicia elevó la indemnización a $8 millones más intereses, superando así los $12 millones en total.
Además, el fallo dispone que en un plazo de 60 días la municipalidad suprima del reglamento vendimial los requisitos de ser soltera, no conviviente y no tener hijos, con el fin de garantizar igualdad de condiciones para futuras candidatas.
Finalmente, la resolución remarca que los derechos de las mujeres y personas gestantes no admiten excepciones y que cualquier acto discriminatorio basado en el embarazo es inconstitucional e ilegal.
