El Gobierno de Mendoza avanzó con una nueva estrategia sanitaria tras detectar un dato que encendió alarmas en el sistema público: entre el 10% y el 14% de los recién nacidos internados en neonatología presentan tóxicos positivos en sangre. Frente a ese escenario, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que se realizarán test de drogas a todas las embarazadas que queden internadas en hospitales públicos.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 305 publicada en el Boletín Oficial. Según explicó el funcionario en declaraciones radiales, el aumento de casos detectados en neonatologías impulsó la decisión. “Son datos alarmantes como sociedad y tenemos que tomar rápidamente las riendas”, sostuvo.
De acuerdo con lo detallado por Salud, los controles serán voluntarios para las gestantes que acudan a hospitales públicos y obligatorios en caso de internación. El procedimiento se aplicará con consentimiento informado, mediante un formulario específico aprobado como anexo de la resolución.
Desde la cartera sanitaria señalaron que, ante un resultado positivo, se activará un abordaje interdisciplinario que incluirá seguimiento médico y acompañamiento en salud mental. Además, los datos deberán registrarse en los sistemas oficiales de información perinatal, como el SIP+ o su equivalente en HSI (CLAP).
El ministro explicó que, en algunos casos, las embarazadas no dimensionan el impacto del consumo o la exposición indirecta a sustancias en el entorno doméstico. También indicó que la exposición a drogas durante la gestación puede generar efectos en el neurodesarrollo del bebé, además de otros riesgos sanitarios.
La decisión se da en un contexto donde la provincia registró un aumento en la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 5,5 a 7,5 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos en el último período informado. Si bien las causas son múltiples, desde el Ejecutivo señalan que el consumo problemático durante el embarazo es uno de los factores que inciden en los indicadores.
La resolución también establece que, tras el alta hospitalaria, el equipo interdisciplinario deberá continuar con el seguimiento del caso, salvo negativa expresa de la paciente, que quedará asentada en el sistema.
Con esta medida, el Ministerio de Salud busca fortalecer la detección temprana y el acompañamiento sanitario en situaciones de consumo durante el embarazo, en medio de un debate que combina salud pública, prevención y derechos individuales.
