
El Gobierno de Mendoza, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, dio un paso fundamental para garantizar la continuidad y finalización del “Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales” para la Ciudad de Tunuyán y la de Tupungato.
La medida clave ha sido la aprobación del Contrato de Cesión suscripto el 27 de agosto de 2025, un acuerdo que permite reordenar la estructura financiera y ejecutiva de esta obra de infraestructura vital para el Valle de Uco.
El decreto ratifica el contrato de cesión de obra entre la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) –representada por el Subsecretario de Finanzas, Licenciado Franco Bignone– y, por la otra parte, Agua y Saneamiento Mendoza S.A. SAPEM (AYSAM) –a través de Humberto Mingorance–, junto con la constructora José Cartellone Construcciones Civiles SA.
La decisión se fundamenta en la necesidad de superar los impedimentos financieros que demoraban la ejecución. Previamente, la Provincia estaba limitada por los términos del Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que le impedía adelantar el pago de certificados de obra con fondos propios y luego recuperar dichas sumas.
Para destrabar esta situación, el Gobierno invocó el principio de oportunidad, mérito y conveniencia en la obra pública. Este principio permitió justificar la decisión de modificar la fuente de financiamiento e incorporar el “Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial” para asegurar los recursos.
Teniendo en cuenta que la obra de saneamiento es de competencia exclusiva de Aysam y que la entidad posee la suficiente estructura técnica y jurídica para gestionar el proyecto, la empresa estatal de agua asumirá el rol de contratante principal, tal como lo aprobó su directorio el 4 de julio de 2025.
Con la cesión formalizada y aprobada por el Gobernador, se asegura la continuidad de los trabajos en Tunuyán y Tupungato, garantizando que el financiamiento y la gestión queden a cargo de Aguas Mendocinas, optimizando la utilización de los recursos y buscando la pronta finalización de una obra de alto impacto social.
Este decreto fue refrendado por los Ministros de Hacienda y Finanzas, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.