El Tribunal de Cuentas de Mendoza aplicó sanciones a un intendente del PJ y a dos integrantes de su equipo por detectar irregularidades en una contratación realizada por el municipio.
Según el organismo de control, el procedimiento no cumplió con los requisitos legales establecidos, ya que se habría avanzado con una contratación directa sin justificar correctamente las condiciones de excepción al sistema de licitación.
A raíz de estas observaciones, se resolvió aplicar multas económicas tanto al jefe comunal como a los funcionarios involucrados, quienes tuvieron participación en la firma y validación del proceso administrativo.
El fallo también remarca fallas en los controles internos y en la verificación del cumplimiento de las normas vigentes, aspectos clave en la gestión de fondos públicos.
Desde el Tribunal sostuvieron que este tipo de sanciones buscan garantizar la transparencia en el uso de los recursos estatales y corregir prácticas que se aparten de la normativa.
Pese a las irregularidades detectadas, la resolución no implica una condena penal, sino una responsabilidad administrativa, que obliga a los sancionados a responder con su patrimonio por las faltas cometidas.
El caso vuelve a poner en foco los mecanismos de control del gasto público en los municipios y la necesidad de reforzar los procesos de contratación y rendición de cuentas.
