Mendoza habilitó una oficina gratuita para ayudar a familias a renegociar sus deudas
El Gobierno de Mendoza puso en funcionamiento una nueva herramienta para asistir a personas y familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
Se trata de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), que funcionará dentro de la Dirección de Defensa del Consumidor.
El mecanismo es administrativo, gratuito y voluntario y busca generar una instancia de negociación entre los consumidores y sus acreedores para encontrar alternativas de pago antes de que la situación financiera derive en una instancia judicial. La medida fue establecida mediante la Resolución 384.
Quiénes pueden acceder
La herramienta está destinada a personas con domicilio en Mendoza que tengan deudas originadas en relaciones de consumo y atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.
Como criterio general, podrán solicitar la intervención quienes destinen más del 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar al pago de sus obligaciones financieras. Para hogares considerados de especial vulnerabilidad social, el límite baja al 25% de los ingresos. En esta categoría se contempla, entre otros casos, a familias con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados que cobren el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.
La OCDC podrá intervenir en deudas vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos personales, financiaciones comerciales, créditos otorgados por proveedores no financieros, plataformas digitales, mutuales y cooperativas, entre otras modalidades relacionadas con el consumo.
Quedan fuera del mecanismo las deudas hipotecarias, obligaciones alimentarias, multas o sanciones penales y compromisos vinculados con actividades empresariales o comerciales que no correspondan al consumo familiar. También se establece un límite para los casos cuyo capital total adeudado supere los 100 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Cómo será la mediación
El procedimiento apunta a que deudores y acreedores puedan negociar una reestructuración de las obligaciones y establecer un esquema de pagos acorde con la capacidad económica del grupo familiar.
La intervención de la oficina no implica una quita automática ni la imposición de un plan de pagos: se trata de una instancia de conciliación en la que las partes deberán llegar a un eventual acuerdo de manera voluntaria.
Además, quienes ingresen al procedimiento deberán participar de programas de educación financiera y consumo responsable, impulsados por Defensa del Consumidor junto con el Ministerio de Educación.
