El Poder Ejecutivo respaldó de forma contundente lo actuado por la Inspección General de Seguridad. A través de decretos publicados este jueves, se confirmaron medidas que van desde pases a disponibilidad hasta el rechazo de recursos para evitar bajas obligatorias.
El Gobierno de Mendoza endureció su postura frente a las irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad pública. A través de una serie de decretos oficiales firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el Poder Ejecutivo ratificó las actuaciones administrativas, investigaciones y sanciones que la Inspección General de Seguridad (IGS) había dictado contra tres efectivos policiales de la provincia. Las medidas, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, dejaron firmes los criterios de los organismos de control interno, agotando las instancias de reclamo administrativo en los expedientes analizados.
Entre las resoluciones más destacadas se encuentra el rechazo formal de un recurso jerárquico interpuesto por un uniformado que buscaba revertir su baja obligatoria de la institución. El Ejecutivo provincial consideró desestimable el planteo del imputado al ratificar la plena validez de la sanción expulsiva impuesta originalmente por la IGS tras comprobarse faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Con este respaldo político y legal, las autoridades provinciales volvieron a enviar un mensaje interno tajante respecto a la rigurosidad con la que se evalúa el desempeño del personal policial en Mendoza.
