La Justicia pidió documentación por las operaciones con oro del Banco Central y las pérdidas millonarias
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó informes a la Auditoría General de la Nación y al Banco Central para esclarecer operaciones financieras que registraron un resultado negativo de US$ 1.023 millones durante 2025. La causa busca determinar si existen elementos para investigar posibles responsabilidades del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del BCRA, Santiago Bausili.
La investigación judicial por las operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro de la Argentina sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo que requiera documentación a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de conocer cómo se autorizaron las transacciones y bajo qué normas se realizaron.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios. La presentación cuestiona operaciones financieras relacionadas con el precio internacional del oro que, según los registros contables analizados por la AGN, generaron un resultado negativo de US$ 1.023 millones durante el ejercicio 2025.
Por el momento, la Fiscalía busca reunir información antes de definir si corresponde impulsar formalmente una investigación penal o desestimar la denuncia. La solicitud de documentación no constituye una imputación definitiva ni determina responsabilidades penales.
Qué documentación solicitó la Fiscalía
Entre las medidas requeridas, Pollicita pidió una copia completa del informe de auditoría de los estados contables del Banco Central, junto con los documentos de respaldo, los papeles de trabajo, las posibles disidencias entre los auditores y las respuestas presentadas por la entidad monetaria.
Además, solicitó al BCRA que detalle el marco normativo aplicado para autorizar las operaciones vinculadas con el oro. También busca precisar qué áreas técnicas y funcionarios intervinieron en las decisiones y si existieron comunicaciones o directivas coordinadas con el Ministerio de Economía.
La información permitirá reconstruir el procedimiento utilizado para contratar las operaciones financieras, identificar los mecanismos de control y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas medidas judiciales.
De dónde surge la cifra de US$ 1.023 millones
La controversia se centra en operaciones con instrumentos financieros derivados vinculados con el precio internacional del oro. De acuerdo con la información expuesta por la AGN, el resultado negativo registrado durante 2025 alcanzó los US$ 1.023 millones.
El monto se compone de aproximadamente US$ 960,2 millones correspondientes al resultado negativo de las opciones y otros US$ 62,8 millones por el pago de primas asociadas a esos instrumentos.
Estas operaciones se utilizaron como mecanismos de cobertura frente a variaciones en la cotización del metal. Sin embargo, el aumento del precio internacional del oro durante el período habría generado un resultado desfavorable para esos contratos financieros.
La auditoría distinguió entre el resultado de las operaciones y la revaluación de las reservas físicas. Mientras las transacciones financieras arrojaron pérdidas, el incremento del valor internacional del oro elevó el valor contable de las tenencias del Banco Central.
La respuesta del Banco Central
Frente a los cuestionamientos, el BCRA sostuvo que las operaciones formaron parte de su política habitual de cobertura financiera, destinada a proteger las reservas frente a posibles caídas en el precio del metal.
En un comunicado publicado el 8 de octubre, la entidad informó que su posición total en oro obtuvo un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025, al considerar conjuntamente la evolución del precio y las operaciones de cobertura.
De esta manera, existen dos cifras que describen aspectos diferentes de la administración del activo: por un lado, el resultado negativo de las operaciones financieras señalado por la auditoría y, por otro, el resultado neto positivo que informa el Banco Central al evaluar su posición total en oro.
La investigación todavía debe establecer responsabilidades
La causa judicial deberá determinar cómo se diseñaron y aprobaron las operaciones, qué controles se aplicaron y si las decisiones se ajustaron a las normas correspondientes.
La denuncia también plantea interrogantes sobre la selección de las contrapartes financieras y los costos de intermediación. Esos aspectos forman parte de los cuestionamientos que deberán ser contrastados con la documentación oficial.
En esta etapa, la Fiscalía busca reunir elementos técnicos y contables antes de resolver los próximos pasos. El avance del expediente dependerá de la información que entreguen los organismos requeridos y de la evaluación judicial de los antecedentes.
