La decisión se conocerá el próximo lunes.
La jueza Loretta Preska tiene en sus manos una de las decisiones más sensibles para el futuro de YPF y la soberanía energética del país. El próximo lunes 14 de julio dará a conocer si acepta la apelación presentada por Argentina y suspende la ejecución de la sentencia que obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a fondos financieros que litigaron en Nueva York.
Esta novedad fue anticipada por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos. La presentación formal del recurso se realizó durante el día de ayer, ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, como paso inmediato posterior al fallo desfavorable emitido por Preska en primera instancia.
Argentina argumenta que la orden judicial norteamericana viola normas fundamentales del derecho federal estadounidense, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios del derecho internacional. Además, el Gobierno anticipó que podría recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos si la decisión vuelve a resultar negativa.
Argentina, argumenta que la orden de transferir las acciones constituye un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”. También se cuestiona que la jueza ignore los alcances de la Declaración de Interés enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, durante la gestión de Donald Trump, que fue presentada en el expediente como un gesto de respaldo a la posición argentina.
El litigio con los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF lleva varios años y concentra atención internacional por el volumen económico involucrado. La disputa se originó tras la estatización del paquete accionario mayoritario en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En su apelación, Argentina solicita que se suspenda la ejecución hasta tanto la Cámara o, eventualmente, la Corte Suprema, se expidan sobre el fondo del asunto. Mientras tanto, la atención vuelve a centrarse en el juzgado de Preska, que deberá definir si mantiene la presión judicial sobre el Estado nacional o habilita una nueva instancia de revisión.
La decisión se espera con expectativas desde ambos lados del conflicto. El fallo anterior condenó a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, lo que implicaría una pérdida significativa del control accionario en una de las principales compañías energéticas del país.