La Cámara de Diputados de Italia aprobó este martes el decreto del gobierno de Giorgia Meloni que modifica el proceso de reconocimiento de la ciudadanía italiana, estableciendo nuevas restricciones.
Con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, la medida introduce límites a la doble nacionalidad y regula el acceso al pasaporte italiano para los descendientes de italianos nacidos en el extranjero bajo el principio de ius sanguinis.
El principio de ius sanguinis permite que los descendientes de italianos, hasta cinco generaciones atrás, puedan acceder a la ciudadanía si demuestran la existencia de un tatarabuelo fallecido después de 1861, el año de la unificación de Italia. Sin embargo, la nueva ley restringe este acceso a solo dos generaciones, es decir, a aquellos que tengan uno de sus padres o abuelos con ciudadanía italiana.
La disposición establece que la ciudadanía no se transmitirá automáticamente a quienes nacieron en el extranjero y poseen otra nacionalidad. Además, excluye el reconocimiento a quienes nacieron en el extranjero antes de la entrada en vigor de la ley. La normativa consta de cuatro artículos que incluyen las siguientes disposiciones:
Se limita la transmisión automática de la ciudadanía, exigiendo un vínculo efectivo con Italia.
Los menores extranjeros de padres italianos podrán adquirir la ciudadanía si sus padres o tutores declaran su voluntad, lo que requiere una residencia legal en Italia de al menos dos años.
También se establece un plazo máximo de 24 meses para definir la adquisición de ciudadanía por cónyuge.
Los exciudadanos que nacieron o residieron en Italia durante dos años podrán recuperar la ciudadanía entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.
Un comunicado de los coordinadores de Forza Italia en el mundo destacó que «esta reforma representa un paso adelante importante para nuestro país». En él se afirmó que la ley actualiza una normativa obsoleta y reconoce el aporte de quienes viven y trabajan en Italia, además de reforzar el vínculo con las comunidades italianas en el extranjero.El decreto fue aprobado previamente en el Senado, donde se registraron 81 votos a favor y 37 en contra y ahora el voto de la Cámara de Diputados lo convirtió en ley definitiva.
El texto original del Ejecutivo establecía un límite generacional para la transmisión de la ciudadanía por derecho de sangre, permitiendo que solo aquellos con padres o abuelos nacidos en Italia pudieran solicitarla.
Una enmienda de la Comisión de Constitución del Senado eliminó la mención del lugar de nacimiento del antepasado, pero impuso un nuevo requisito que muchos consideran prohibitivo: la ciudadanía solo podrá ser reconocida a quienes tengan un antepasado de primer o segundo grado que haya tenido exclusivamente ciudadanía italiana al momento de su muerte.
La medida generó críticas dentro de la coalición de Meloni y entre los partidos opositores durante la votación. Toni Ricciardi, vicepresidente del Partido Democrático, cuestionó el concepto de «italianidad» y advirtió sobre el riesgo de que haya más italianos en el extranjero que en Italia.
María Elena Boschi, presidenta del grupo parlamentario de Italia Viva, también criticó la ley, señalando que «la combinación del Decreto Ciudadanía y la total ausencia de una reforma de la ciudadanía para quienes viven, trabajan y estudian en Italia demuestra que el gobierno no tiene ninguna idea del concepto de ciudadanía».
Riccardo Magi, secretario de +Europa, añadió que «los verdaderos afectados serán las familias, los hijos y nietos de italianos emigrados que, después de décadas de sacrificios, se verán repentinamente afectados con esta sentencia: ‘No eres lo suficientemente italiano como para merecer la ciudadanía de tu abuelo'».