La situación generó malestar en los pabellones.
Hace algunos meses atrás, la Suprema Corte de Justicia resolvió habilitar la quita de los dispositivos a los internos. Esto fue posible, tras dejar sin efecto los argumentos que defendían a quienes están privados de su libertad manifestando que tienen derecho a comunicarse y que el uso de estos dispositivos era favorable en la conducta.
Cumplido el plazo que debía transcurrir, comenzó la quitas de teléfonos en los pabellones de la provincia, lo que generó conflictos con el personal penitenciario.
El proceso de mediar la comunicación entre los presos y evitar el uso de teléfonos para maniobras delictivas desde las cárceles arrancó su tercera etapa. La que determina la eliminación de celulares en las cárceles.
La resolución 533/25, establece y exige el secuestro de los aparatos móviles a los internos que no entregaron de forma voluntaria.
Así fue confirmado por el Servicio Penitenciario. Además, estiman que durante el mes de marzo ya no queden teléfonos móviles entre las personas privadas de la libertad.
«Es una orden judicial que hay que acatar y todos sabían desde un primer momento que el uso de telefonía celular propia tenía fecha de caducidad», detallaron desde el Servicio Penitenciario.
Al respecto también mencionaron, «desde hace meses no se recibieron más celulares y aquellos que se rompían o eran secuestrados no podían reintegrarse».
Pero ejecutar la medida no fue tarea fácil, ya que se dio en medio de un clima de tensión. Incluso trascendió que en Almafuerte se están gestando diferentes acciones para frenar con el secuestro de los aparatos, en principio, los presos se organizarían para llevar adelante una huelga de hambre.