Avanza un proyecto de ley.
A poco del comienzo de la temporada, Mendoza está cerca de contar con un marco normativo que establezca condiciones mínimas de funcionamiento para las escuelas de verano. La iniciativa, impulsada por la senadora Adriana Cano, obtuvo sanción en la Cámara Alta y ahora espera la sanción definitiva.
El proyecto de ley propone que los establecimientos presenten un plan pedagógico, contemplen la infraestructura adecuada y cuenten con personal capacitado, incluyendo profesores de educación física y auxiliares, en proporción a la edad de los niños y al tipo de actividad, ya sea terrestre o acuática.
La senadora destacó que la normativa busca un punto medio: garantizar la seguridad y el desarrollo de los chicos sin impedir ila realización de las escuelas de verano.
El proyecto no establece trabas para los municipios o instituciones privadas, sino condiciones mínimas que deben cumplirse para proteger a los niños y ofrecer tranquilidad a los padres.
Según explicó la senadora, el poder de policía seguirá siendo municipal, pero la ley prevé competencias concurrentes con la provincia. Esto permitirá generar convenios de colaboración para supervisar y controlar efectivamente el cumplimiento de la normativa. Cano enfatizó que sin un control real, las regulaciones podrían quedar «en letra muerta»
El relevamiento previo al proyecto evidenció que la demanda por escuelas de verano crece año tras año y se extiende a todos los departamentos de Mendoza, más allá de los grandes centros urbanos.
Cano señaló que instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo, la Secretaría de Deportes y el Instituto de Educación Física participaron del diseño de la normativa, junto con varios municipios, para asegurar que los criterios de seguridad y desarrollo sean aplicables en toda la provincia
