Incendio de San Agustín: a tres años, los acuerdos por los vehículos destruidos rondan los $45 millones
El siniestro ocurrió en septiembre de 2023 y afectó a cerca de 28.000 vehículos que estaban en el predio de secuestros de Capital. De los 17 expedientes patrimoniales relevados, ocho tienen convenios de pago firmados, siete siguen en trámite y dos ofrecimientos fueron rechazados.
A poco más de tres años del incendio que destruyó miles de vehículos en la playa de secuestros San Agustín, en la Ciudad de Mendoza, los acuerdos patrimoniales firmados por el caso suman $44.869.851. El balance de los reclamos refleja las consecuencias económicas y administrativas que dejó el siniestro ocurrido el 16 de septiembre de 2023.
De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades provinciales, el fuego afectó a alrededor de 28.000 automóviles, camionetas y motocicletas que permanecían en el predio bajo custodia estatal. Sin embargo, el registro de expedientes vinculados con reclamos patrimoniales contempla 17 vehículos: ocho cuentan con acuerdos de pago firmados, siete continúan en trámite y dos ofrecimientos fueron rechazados.
La diferencia entre la cantidad de rodados destruidos y los reclamos registrados se relaciona con la situación particular de cada vehículo y con las condiciones en las que se encontraba al momento del incendio.
Cómo se distribuyen los acuerdos
Los ocho convenios firmados corresponden a vehículos de diferentes modelos y valores. Entre los montos más altos figura una Volkswagen Amarok 2.0 TDI, con un acuerdo por $15.883.687. Le siguen un Ford Escort, por $9.458.758, y un Fiat Spazio, por $8.063.846.
También se suscribieron convenios por un Fiat Siena Attractive, por $4.188.338; un Chevrolet Corsa Classic modelo 2010, por $3.530.501; y un Volkswagen Gol, por $2.314.963.
La lista incluye además dos motocicletas: una Motomel Blitz 110, con un acuerdo de $789.130, y una Motomel B 110 modelo 2017, por $640.628.
Los montos corresponden a los valores finales acordados para cada reclamo, con los descuentos y gastos considerados en el proceso de evaluación.
En paralelo, siete expedientes permanecen en trámite. Entre los vehículos incluidos en esos casos figuran una camioneta Chevrolet S-10, un Ford Focus, un Peugeot 504 y varias motocicletas. Además, se rechazaron los ofrecimientos patrimoniales correspondientes a un Ford Fiesta Kinetic y una Renault Kangoo.
Cómo se evaluaron los reclamos
El proceso de evaluación tuvo en cuenta las características de cada rodado. Según la información publicada, para los vehículos modelo 1999 en adelante se tomó como referencia el avalúo fiscal registrado, mientras que para los modelos anteriores se utilizó el valor de mercado.
La Fiscalía de Estado intervino en los procedimientos vinculados con los convenios, mientras que una comisión evaluadora provincial analizó los valores patrimoniales. Una vez determinado el monto correspondiente, se formalizó cada acuerdo para avanzar con su pago.
Las autoridades también indicaron que el plazo legal para presentar nuevos reclamos por la responsabilidad relacionada con la custodia de los vehículos venció en septiembre de 2026. Por ese motivo, sostienen que no corresponde incorporar nuevas demandas por este concepto.
El impacto del incendio y las medidas posteriores
El incendio de San Agustín puso de manifiesto las dificultades que representaba la acumulación prolongada de vehículos secuestrados. Una parte importante de los rodados permanecía vinculada a causas judiciales y llevaba años sin ser retirada, lo que complicaba su administración y disposición final.
Tras el siniestro, se desarrollaron tareas de descontaminación y compactación. Según los datos oficiales citados en los informes sobre el operativo, se procesaron más de 28.000 vehículos y se retiraron más de 5.100 toneladas de material.
A partir de esa experiencia, la Provincia avanzó en cambios para organizar el circuito de los vehículos secuestrados, desde su ingreso y custodia hasta su devolución, remate o compactación, según la situación legal de cada unidad.
A tres años del hecho, los acuerdos firmados y los expedientes pendientes permiten dimensionar una parte de las consecuencias patrimoniales del incendio, mientras que las medidas posteriores apuntan a mejorar la gestión de los rodados retenidos y evitar nuevas acumulaciones prolongadas.
