Mendoza promulgó la ley de alivio financiero para familias y empresas: cómo funcionará
El Gobierno de Mendoza puso en vigencia la Ley 9730 de Alivio Financiero para las Familias y Empresas Mendocinas, que establece un régimen de incentivos para facilitar la refinanciación de deudas. La norma fue sancionada por la Legislatura el 15 de septiembre y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El objetivo es promover acuerdos entre deudores y acreedores que permitan modificar las condiciones de créditos existentes, ya sea mediante una extensión de los plazos, cambios en las cuotas, reducción de la carga financiera u otras alternativas.
El esquema no significa que la Provincia vaya a asumir las deudas de particulares o empresas. En cambio, contempla beneficios impositivos para las entidades acreedoras que adhieran al régimen y ofrezcan determinadas condiciones de refinanciación.
Qué beneficios contempla
Uno de los principales incentivos es la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Además, las entidades que realicen determinadas refinanciaciones podrán acceder a una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 5%. Para acceder a este beneficio, los contratos deberán establecer una Tasa Nominal Anual de hasta el 40% y un plazo de devolución de al menos 24 meses.
La norma considera como refinanciación aquellas operaciones en las que se modifiquen las condiciones de una deuda existente, incluyendo plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas. También contempla casos en los que una nueva operación permita cancelar una deuda mantenida con otra entidad.
En cambio, quedan excluidas las operaciones que impliquen la venta, cesión, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros.
Quiénes podrán acceder
El régimen alcanza a personas humanas y jurídicas que tengan obligaciones susceptibles de ser refinanciadas. También contempla a quienes se encuentren al día con sus pagos, pero necesiten modificar las condiciones de sus créditos para reducir su carga financiera.
Según el diagnóstico utilizado por el Gobierno provincial para fundamentar la iniciativa, Mendoza registra alrededor de 271.000 créditos en mora sobre un universo cercano a 870.000. El saldo promedio de las deudas se ubicaba en torno a $1,1 millones para las familias y $2,8 millones para las empresas.
El informe también señalaba que una parte importante de los deudores presentaba altos niveles de atraso, una situación que puede dificultar el acceso a nuevos créditos y afectar las condiciones del financiamiento.
Controles para las entidades
Las entidades que utilicen los beneficios fiscales deberán presentar declaraciones juradas mensuales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM), informando las operaciones de refinanciación realizadas.
El organismo podrá requerir documentación adicional y cruzar los datos con la información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
En caso de detectarse información falsa, las entidades podrán recibir sanciones previstas en el Código Fiscal provincial y deberán abonar los impuestos correspondientes, junto con intereses, accesorios y multas.
Cuánto tiempo estará vigente
La Ley 9730 tendrá vigencia, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026. El Poder Ejecutivo podrá disponer una prórroga de hasta seis meses.
