El Gobierno presentó su proyecto para endurecer las sanciones por actividades en Malvinas
El Gobierno de Javier Milei envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará ahora su recorrido legislativo.
La propuesta reemplaza el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, y extiende las prohibiciones más allá de los hidrocarburos. El nuevo esquema contempla actividades relacionadas con recursos naturales renovables y no renovables, además de alcanzar a proveedores, socios, accionistas y otras personas vinculadas con las empresas involucradas.
Entre las principales medidas aparecen multas económicas, inhabilitaciones y penas de prisión de hasta 20 años para determinadas actividades. Según el proyecto, las tareas de prospección no autorizadas podrían recibir penas de entre 12 y 15 años, mientras que la exploración o explotación de recursos no renovables podría alcanzar los 20 años de prisión.
El texto también contempla sanciones para el transporte, extracción o almacenamiento ilegal de combustibles. En el plano económico, establece multas calculadas en función del valor de barriles de petróleo, que pueden llegar hasta el equivalente a tres millones de barriles en los casos previstos por la iniciativa.
Además, las empresas alcanzadas por las sanciones podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en Argentina, contratar con el Estado y acceder a beneficios o exenciones. También se propone crear un registro público de personas y entidades sancionadas.
Un proyecto que excede la cuestión de los recursos
La iniciativa no se limita a las sanciones vinculadas con Malvinas. También propone crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de distintas áreas del Estado en cuestiones relacionadas con defensa, inteligencia, política exterior, economía y protección de infraestructura crítica.
El proyecto incorpora además herramientas para la protección del espacio aéreo y marítimo, así como modificaciones en materia de Defensa Nacional. Entre ellas se incluye un esquema para detectar, identificar e interceptar aeronaves y determinadas medidas frente a embarcaciones consideradas irregulares u hostiles.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la iniciativa se estructura sobre tres objetivos: sancionar la explotación no autorizada de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.
