Régimen penal juvenil: el Gobierno mendocino presentó un proyecto en el Senado

El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto para adecuar el sistema judicial y los dispositivos provinciales al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años.

La iniciativa ingresó al Senado y propone cambios en la estructura judicial y en los mecanismos de acompañamiento y reinserción.

El proyecto fue presentado por la vicegobernadora Hebe Casado, junto a los ministros Mercedes Rus, de Seguridad y Justicia, y Tadeo García Zalazar, de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Según explicó Rus, el nuevo régimen comenzará a regir en todo el país desde el 5 de septiembre, por lo que los adolescentes de 14 años que sean acusados de cometer delitos quedarán bajo la intervención del fuero penal juvenil, independientemente del avance del proyecto provincial.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la reorganización de los dispositivos del Poder Ejecutivo destinados al abordaje de adolescentes en conflicto con la ley y la creación de un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, compuesto por más de 110 artículos. La normativa también contempla que cualquier medida de encierro se cumpla en establecimientos separados de los adultos e incorpora la figura de un Supervisor Especializado, encargado del seguimiento de cada joven y de elaborar planes de reinserción vinculados con la educación y la capacitación laboral.

De acuerdo con datos oficiales, durante el último año 511 adolescentes de entre 16 y 18 años estuvieron involucrados en situaciones de conflicto con la ley penal en Mendoza. Del total, el 91% cumple medidas alternativas y 46 permanecen privados de su libertad.

García Zalazar estimó que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años podría incrementar hasta un 30% el universo de adolescentes privados de la libertad, aunque aclaró que se trata de una proyección basada en las estadísticas actuales.

El tratamiento de la iniciativa comenzará este jueves a las 10, en las comisiones del Senado, donde está prevista la participación de especialistas vinculados al ámbito judicial y social

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