Tal como como Javier Milei anunció durante un acto en Mar del Plata, se oficializó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de menores.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del mandatario y del vocero presidencial y actual ministro, Manuel Adorni.
“Delito de adulto, pena de adulto”
El texto normativo es breve pero categórico. En su artículo 1°, dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación, durante el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
La medida otorga sustento legal al anuncio político realizado horas antes por Milei en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores afirmó: “En Argentina el que las hace las paga: delito de adulto, pena de adulto”.
El proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, impulsado por los ministerios de Seguridad y de Justicia, apunta a modificar el régimen vigente -que data de la última dictadura militar- mediante la reducción del piso de punibilidad, para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y eventualmente condenados.
El eje central: la baja de la edad de imputabilidad
La iniciativa oficial propone reducir la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 13 años, incorporando a los adolescentes a un régimen penal juvenil especial.
El nuevo régimen alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años y establece como objetivos centrales “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, así como su educación, resocialización e integración social. En ese marco, el proyecto incorpora principios de debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad de las penas, tratamiento diferenciado según la edad y una interpretación judicial especialmente protectora, en función de la condición de menor de edad.
La iniciativa también prohíbe que los adolescentes sean alojados junto a adultos y dispone que toda privación de la libertad se cumpla en institutos especializados o en espacios diferenciados dentro del sistema penitenciario, con personal capacitado y bajo un enfoque educativo y formativo.
Además, el proyecto excluye la prisión perpetua para menores de edad y fija un límite máximo de 20 años de privación de la libertad. Asimismo, habilita la posibilidad de sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante modalidades alternativas de cumplimiento, siempre bajo control judicial y evaluación técnica.
