La Cámara Federal de Casación Penal ordenó llevar a juicio oral a los propietarios de Helacor S.A., la empresa que opera la cadena de heladerías Grido. La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces de la Sala IV, que revocaron el sobreseimiento dictado en 2023 por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.
Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago enfrentarán cargos por presunta asociación ilícita fiscal, acusados de encabezar una estructura que habría cometido maniobras de evasión entre 2007 y 2012. La imputación recae sobre ellos a título personal y no involucra directamente a la empresa.
Según la acusación, los empresarios habrían conformado una organización destinada a evadir impuestos mediante un esquema que abarcaba toda la cadena comercial: producción, distribución y venta de helados, incluyendo a las franquicias. La investigación apunta a un mecanismo conocido como «operaciones W», en el que también estarían implicados contadores y abogados allegados a la firma.
De acuerdo con la AFIP, el sistema permitía comercializar grandes volúmenes de helado por fuera del circuito fiscal, instalando nuevas franquicias a nombre de personas físicas de confianza o sociedades afines, y luego traspasando el fondo de comercio con facturación parcial para evitar el pago del IVA.
El organismo sostuvo que la maniobra fue posible gracias a la colaboración de centenares de franquiciados, incentivados con un descuento del 10% en sus compras realizadas bajo ese sistema informal.
El TOF 2 había entendido que estas conductas estaban amparadas por la ley de blanqueo, ya que en 2013 los empresarios adhirieron al régimen previsto por la Ley 26.860 y suscribieron Certificados de Depósito para Inversión (Cedin) por un monto de USD 2 millones, en concepto de ventas no declaradas. Sin embargo, la Cámara de Casación rechazó esa interpretación.
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En paralelo, los imputados ofrecieron una reparación del daño estimada en $240 millones, a ser destinada a entidades de bien público. También solicitaron acogerse al régimen de regularización impositiva aprobado en 2024 (decreto 608/24), que prevé la extinción de la acción penal para delitos tributarios comunes, algo que aún está en evaluación judicial.