El fiscal Ramiro González concluyó con la etapa de investigación.
El expediente judicial que involucra al expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género hacia su expareja, Fabiola Yañez, se encuentra en una etapa decisiva: la fiscalía federal cerró la investigación preliminar y comenzó a preparar el terreno para un eventual juicio oral.
El fiscal Ramiro González consideró que la etapa de instrucción está concluida y, como paso procesal, le dio intervención formal a la querella, representada por la propia Yáñez. Ahora, será ella quien deberá definir si insiste en llevar el caso a juicio, una posibilidad que cobra fuerza dado que sostuvo su acusación desde el inicio de la causa.
Alberto Fernández a un paso del juicio
El fiscal podrá presentar el pedido de elevación a juicio ante el juez federal Julián Ercolini. A partir de ahí, la defensa de Fernández tendrá la oportunidad de responder, oponerse y eventualmente apelar. La última palabra quedará en manos del magistrado, que deberá resolver si el caso efectivamente llega a juicio oral.
El proceso judicial ganó impulso en abril, luego de que la Cámara Federal porteña ratificara el procesamiento del exmandatario. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah validaron la acusación por lesiones leves agravadas por violencia de género, lesiones graves y amenazas coactivas, y describieron una relación marcada por un “desequilibrio de poder” y “violencia reiterada”, tanto psicológica como física.
La denuncia de Fabiola Yáñez
Los hechos habrían ocurrido, en gran parte, dentro de la residencia presidencial de Olivos, en un entorno que la Cámara definió como “cerrado y de control”, donde el entonces presidente ejercía una posición de dominio absoluto.
En febrero, el juez Ercolini había procesado a Fernández, dictado un embargo de diez millones de pesos sobre sus bienes y emitido una orden de restricción perimetral que le prohíbe acercarse o comunicarse por cualquier medio con Yáñez.
En su descargo, Fernández presentó un escrito de más de 50 páginas en el que negó todas las acusaciones. Su defensa sostuvo que no existen pruebas directas y que la causa se basa en elementos “interpretativos” o “subjetivos”, entre ellos capturas de chats cuya autenticidad, según sostiene, no está debidamente acreditada.
“La causa no ofrece evidencia directa. No se puede sustituir la falta de pruebas con suposiciones ni con la lectura parcial de conversaciones”, expresó su defensa legal en ese documento.
La resolución sobre si se sentará en el banquillo quedará en manos de la Justicia.