Ventas ilegales en redes sociales no paran de crecer en la Argentina tampoco en Valle de Uco

Ventas ilegales en redes sociales no paran de crecer en la Argentina tampoco en Valle de Uco

Los rubros más comercializados fueron indumentaria y calzado, alimentos y bebidas y óptica, fotografía, relojería y joyería.
Pero no debemos descartar el crecimiento de ventas que además de informalidad está teñida de ilegalidad como es el caso de drogas prohibidas, material pornográfico, medicamentos falsificados y hasta licencias de conducir.
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El caso de las licencias de conducir fue el disparador para realizar este informe ya que sin ningún tipo de tapujo y públicamente se promocionaba en un aviso clasificado la venta de carnet de conducir, pero a esto se sumaba la posibilidad de hacer desaparecer mágicamente las multas de transito.
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En la Argentina, la policía y expertos en seguridad informática reconocen el problema y aseguran que se intenta combatirlo, pero que es muy difícil de controlar.

Por un lado no hay recursos suficientes y además la oferta de los sitios crece mucho más rápido que lo que las leyes de Internet (todavía en discusión en términos de jurisdicción y privacidad) son capaces de fiscalizar.
El Gobierno, no tienen leyes, ni recursos para controlar. Algunos propusieron que se reforzara el control de los servicios de correo y mensajería, aunque por el flujo de correo sería imposible”. A nivel local, el ANMAT emitió en agosto del año pasado una recomendación en la que pide “no adquirir medicamentos por Internet y otras vías ilegítimas de comercialización”.

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“En Internet se puede comprar de todo: cosas robadas, piedras preciosas, fósiles. Y también droga”, reconoce una fuente policial. “Es muy complejo detectar al vendedor, porque además puede ir cambiando su identidad y la dirección IP. Es como un fantasma, aunque todavía la entrega se hace casi siempre por delivery (entrega a domicilio)”.

“En la mayoría de los sitios de Internet, las conversaciones y los chats están cifrados. O sea que nadie puede verlo. Ni la policía. Pero además la infraestructura de la mayoría de las policías del mundo tampoco alcanzaría para leer todas las conversaciones que se dan en la Web”, explica Cristian Borghello, director de Segu-Info, un sitio sobre seguridad informática.
Según pudimos averiguar, el principal objetivo de las investigaciones que se hacen en la división “Delitos Informáticos” apunta a redes de pedofilia y pornografía infantil, y en tercer lugar a este delito. “Cuando hay pocos recursos, es lógico que se ocupen de los delitos más graves”, dicen los expertos.
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Según Ramiro Mendoza Aguila, sociólogo y coordinador de la Tecnicatura en Adicciones de la Universidad de Flores, “el aumento de venta de drogas de diseño por Internet ha alcanzado diferentes vías como las redes sociales, los foros y el servicio de mails”, señala que “las personas con consumo problemático recurren a la Web en una segunda instancia”. “La población juvenil tiende a probar la droga en grupo y quebrar el miedo con pares. Internet aparece cuando la persona empieza a drogarse sola y se convierte en poli consumidora. Es entonces que usa la Web para adquirir nuevas sustancias”, dice el sociólogo.
Fernando Tomeo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Informático, aseguró que en la Argentina “no hay ninguna normativa específica que regule la actividad en las redes sociales”.
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“Esto genera que cada usuario de red social deba hacerse cargo de lo que escribe y que, en caso de algún litigio judicial por contenidos injuriantes, los jueces actúen como si las cuentas privadas fueran públicas y apliquen el derecho que rige en el Código Civil”, precisó Tomeo.
El docente, titular de la cátedra de Derecho Económico y Empresarial, consideró que las cuentas que los usuarios de las redes abren “son públicas porque cualquiera puede tener acceso, especialmente en Twitter, si el usuario escribe con la modalidad abierta”.
Tomeo mencionó el caso de un juez que en Santa Fe, ante una demanda por acoso en la red social y ante la ausencia de una legislación específica, “equiparó los contenidos del mundo virtual con los del mundo real y falló de acuerdo a las normas de derecho común”.
Para Ariel Vercelli, investigador del CONICET y experto en tecnologías, “las cuentas que se abren en las redes sociales son privadas y cada uno tiene derecho a escribir lo que crea conveniente. Las propias empresas proveedoras de estas redes son las que se encargan de aplicar sutiles formas de censura en los mensajes de los usuarios”.
En este sentido, mencionó una disposición de Twitter que en enero pasado anunció que eliminaría aquellos mensajes que van en contra de la política interna de los países a los que pertenecen los usuarios.
“En vez de habilitar las instancias judiciales internacionales, Twitter se arrogó la potestad de diseñar un sistema donde evalúa administrativamente qué va y qué no va dentro de la red social”, destacó Vercelli.
El especialista remarcó que esto es ni más ni menos que “permitir la gestión de la censura a nivel nacional e internacional” y añadió que los usuarios de las redes “deben saber que no son totalmente libres de escribir lo que quieran ya que están siendo monitoreados por esas empresas”.
“Ahora las formas de censura no son brutas o grotescas, sino silenciosas, sofisticadas, inteligentes y sutiles”, dijo Vercelli, quien destacó que la red de microblogging alcanzó su popularidad cuando fue utilizada como instrumento contra la censura en países como Irán o Egipto.
Por esa razón, para el investigador no hacen falta leyes o normativas que regulen las redes sociales en la Argentina ya que “las propias empresas crean su paquete jurídico para monitorear o limitar los mensajes de los usuarios”.
Por su parte, Tomeo explicó que “ante la falta de normativas, otra opción para los que se sienten injuriados por lo que, por ejemplo, exprese un grupo en Facebook, es dar aviso a la empresa para que elimine a ese grupo”.
“Con esta acción se deja a criterio de la propia empresa considerar o no agraviante un contenido expresado en su red social”, dijo Tomeo, quien recordó que en países como Estados Unidos e Europa “ya existen normativas específicas para estos casos”.
Otro punto que es necesario regular es el llamado “derecho al olvido”, un punto que ya está en debate en muchos países, dijo Tomeo.
El especialista explicó que “como internet actúa como un espejo en el que todo queda guardado y almacenado por años, una persona no puede borrar alguna fotografía o video que le recuerde algo que no quiere hacer público, por lo que puede perder trabajos del mundo real al tener una dudosa reputación virtual”.
“Es necesario buscar una normativa que regule a los buscadores de Internet”, dijo Tomeo, quien informó que en la Argentina ya existen proyectos de ley sobre este tema, como el del entonces diputado Jorge Capitanich en 2006, pero ninguno alcanzó a debatirse.


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