Día del Petróleo

Día del Petróleo

Este 13 de diciembre se cumplen 109 años del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Ese día se produce el hecho más importante de la historia energética argentina: el Estado nacional descubre en el pozo número 3 de Comodoro Rivadavia el petróleo argentino.
La historia del petróleo en Argentina comenzó cuando apareció el primer yacimiento con el hidrocarburo el 13 de diciembre de 1907, en el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia. Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera empresa encargada de la extracción, destilación y transporte del petróleo y sus derivados. El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo de aquella empresa estatal, habiéndose nombrado director de la petrolera por el presidente de la República Marcelo Torcuato de Alvear. Durante la dirección de Moscocni YPF construyó la gran destilería de La Plata y la empresa triplicó su producción de petróleo, siendo capaz de producir por si sola tantos hidrocarburos como todas las empresas privadas juntas. Durante el periodo conocido como década infame existieron pocos avances en la producción de petróleo, estancándose el crecimiento de YPF. Después de la década infame asumió Juan Domingo Perón, encontrándose con una YPF con mucha debilidad institucional, hacia el fin de su gobierno buscó la ayuda de capitales extranjeros para incrementar la producción, lo que se frustró por la oposición de diversos sectores, incluso dentro de su propio partido, sobre todo por los contratos con una filial de la Standard Oil que se proponían desde el gobierno.
Desde el derrocamiento de Perón en 1955 hasta 1976 la Argentina sufrió lo que algunos historiadores llamaron el periodo de democracia débil, debido al hostigamiento de las fuerzas militares a las instituciones republicanas. El gobierno desarrollista de Arturo Frondizi (1958-1962) logró el autoabastecimiento de petróleo, pero fue perdiendo apoyo por su viraje ideológico. En la presidencia de Arturo Illia (1963-1966) algunos de los trece contratos petroleros fueron anulados por ser acusados de “perjudiciales para la Nación”, y el país volvió al desabastecimiento. El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía modificó la ley 14.773 (realizada por Frondizi), y mantuvo el mismo principio de la propiedad estatal del petróleo, pero eliminándose el monopolio de YPF.
En las gestiones de los siguientes gobiernos militares y civiles no hubo muchos cambios en la política petrolera, sin embargo la producción fue aumentando. En el gobierno de Raúl Alfonsín las reservas descendieron, aunque hubo un pequeño incremento en la producción. La Ley de Reforma del Estado sancionada por el peronismo a fines de 1989, abrió una instancia de desnacionalización de los recursos económicos y energéticos estratégicos del país. En 1992 el gobierno peronista de Carlos Menem desnacionalizó el petróleo, transfiriendo los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias, pero esta ley también privatizó a YPF, perdiendo el poder de su decisión en política petrolera. La compañía española Repsol compró a YPF y pasó a llamarse Repsol YPF. La petrolera española sobreexplotó los yacimientos, pero no exploraron nuevos. A consecuencia de estas políticas, durante el 2010 y 2012 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), Repsol YPF tuvo que importar en reiteradas ocasiones, grandes cantidades de nafta, para poder abastecer los surtidores de las estaciones de servicio para automóviles, camiones y máquinas agrícolas. En algunas ocasiones también hubo faltantes de gas, lo que derivó en un pequeño retroceso en la industria. La Argentina es un país muy dependiente del gas, siendo junto a Rusia el país de mayor empleo de gas como energía.
En el primer trimestre de 2012, varias provincias expropiaron áreas que se encontraban en concesión de Repsol YPF, mientras que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscaba recuperar parte de YPF. Finalmente, el 16 de abril de ese año, el gobierno argentino decidió la expropiación de la petrolera, adjudicándose así el 51 % de las acciones en poder de Repsol para el Estado nacional y repartiendo el 49 % restante en acciones para las provincias productoras.


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