Ahora los jueces deberán declarar sus bienes

Ahora los jueces deberán declarar sus bienes

El pasado miércoles 8, la totalidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rubricaron la Acordada 27.381 por la cual aprobaron el reglamento para la presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, aunque su parte técnica y considerandos recién se conocieron ayer.

Desde el cuarto piso del Palacio de Justicia nadie hace referencia a que esta medida tenga vinculación directa al proyecto que, hace un par de semanas, presentó ante la Legislatura un grupo de senadores radicales con el apoyo de la vicegobernadora Laura Montero en busca de “transparencia” de todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero extensible también a intendentes y órganos autárquicos (ver aparte).

Lo concreto es que lo que hasta ahora era reservado (cada declaración se mantenía en un sobre cerrado), ahora, en parte será público y con acceso directo a la ciudadanía y medios periodísticos. Es lo que se definió como Anexo I y que está referido a inmuebles y vehículos.

Mientras, en el Anexo II, se mantendrá la reserva de lo declarado, como ocurre con las presentaciones que cada ciudadano hace ante la AFIP, con relación a depósitos bancarios, dinero en efectivo y joyas, por “una cuestión de seguridad”, haciendo referencia a esta única “limitación”, que son los resguardos legales que correspondan en torno a la tutela de los derechos personalísimos y que pudieran resultar afectados por la difusión de datos protegidos (en un todo de acuerdo a la letra de la Ley 25.326), donde “se hace necesario regular con claridad la debida divulgación de datos personales, cuidando de no afectar derechos a sus titulares y/o terceros”.

Sobre este punto II, la Acordada aclara que esa información reservada sólo podrá ser requerida por autoridad judicial o por quien acredite un interés legítimo, como puede ser una denuncia o causa judicial en trámite, siendo la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, la que dará traslado al pedido con conocimiento del funcionario.

Fuente: Los Andes


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