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La Justicia Europea avala que España expulse a un italiano acusado por abusos sexuales hacia menores

La Justicia Europea avala que España expulse a un italiano acusado por abusos sexuales hacia menores

El Tribunal de Justicia de la UE considera que España tiene derecho a expulsar y prohibir la entrada durante 10 años de un ciudadano italiano, condenado por abusos sexuales a menores, por considerarlo “una amenaza para la seguridad pública”.

El “señor E”, tal y como consta en la sentencia, de nacionalidad italiana y residente en España desde el año 2003, fue condenado por tres sentencias de carácter firme a doce años de prisión como responsable de repetidos delitos de abusos sexuales sobre menores. En 2013, mientras cumplía condena, la subdelegación del Gobierno en Álava ordenó su expulsión de España con prohibición de entrada durante 10 años por razones de seguridad pública.

Pero el condenado interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz pidiendo que se anulara esa expulsión. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al abordar el caso, estimó que los crímenes del “señor E” eran lo suficientemente graves como para ser considerado una “amenaza para la seguridad pública”. Pero dudaba sobre si dicha amenaza podía “ser considerada real y actual, ya que la persona se halla internada en prisión, y que, habiendo cumplido seis años, le restan varios años por cumplir antes de obtener su libertad”.

El Tribunal de Justicia recuerda que “el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión en el territorio de los Estados miembros no es incondicional. Los Estados miembros pueden limitar el derecho de residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de la nacionalidad, por razones, entre otras, de orden público o de seguridad pública”.

Luxemburgo añade que el Derecho de la Unión permite adoptar una orden de expulsión “como medida accesoria a una pena privativa de libertad, siempre y cuando la conducta del individuo constituya una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro”, y como eso es lo que ocurre con el condenado italiano, el Gobierno tiene luz verde para proceder cuando lo estime oportuno.

Fuente /El Mundo/