Condenan al Estado a pagar más de US$ 320 millones por la expropiación de Aerolíneas

Condenan al Estado a pagar más de US$ 320 millones por la expropiación de Aerolíneas

Tanto en el Gobierno como en Aerolíneas Argentinas esperaban que por estos días saliera el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre la expropiación de la empresa en 2008. Finalmente, desde Washington llegó una mala noticia. El Estado fue condenado a pagar US$ 320,7 millones (más intereses) al Grupo Marsans, último dueño de la firma.

Según el texto del fallo, “el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”.

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En la página 397 de las 551 que tiene la resolución con fecha de despacho ayer, también se hace referencia a “medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones” y de “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión.

Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohanding, Optar y Jet Paq.

El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que el Senado sancionara la ley que declaró “sujetas a expropiación” las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de indemnización por US$ 1.560 millones de dólares.

Ahora, además de los US$ 320 millones, el tribunal impuso otros US$ 23,76 millones más intereses a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación. Y US$ 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.

Recién el 9 de enero de 2009, el Gobierno de por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el decreto 2347, a través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo “expropiante” de Aerolíneas Argentinas y Austral, y creó una Unidad Administrativa que “tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía”.

El rol ejecutivo quedó a cargo de Julio Alak y Juan de Dios Cincunegui, quien ya había integrado la comisión de transición en julio de 2008, en representación del Estado. En ese momento también fueron designados el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), Gustavo Simeonoff, y el ex interventor de Racing, Héctor García Cuerva. Más tarde tomaría el mando de la empresa Mariano Recalde.