Aranguren, con una recomendación de la Oficina Anticorrupción

Aranguren, con una recomendación de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc, que posee debido a su cargo previo como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd.

El organismo a cargo de la exdiputada PRO Laura Alonso precisó que la recomendación se ajusta a normas locales e internacionales sobre conflictos de intereses. El pedido llega a pocos días de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, acuda a plantear la posición del gobierno nacional frente al aumento de tarifa en el servicio de gas y meses después de que se abriera una causa judicial que lo investiga por posibles “negociaciones incompatibles” en la compra de gas a Chile.

En una resolución, la OA invita al ministro a desprenderse de las acciones o “adoptar alguna medida patrimonial”, tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición.

El organismo sustenta su recomendación en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que “el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad” y deben “evitarse acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

La OA destacó que si bien la Ley 25.188 “no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas”.

Según la oficina conducida por Alonso, esta disposición se encuentra “en sintonía” con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2003, que dice que “los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.


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